Según el diccionario de la RAE, el civismo se refiere al «comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública»1. En una entrevista con el periódico La Jornada, la escritora y periodista Elena Poniatowska expresa que «el civismo consiste en cumplir con las reglas indispensables para convivir como sociedad. Se basa en el respeto al prójimo, a nuestro entorno, a la naturaleza y a los objetos y espacios públicos»2. En esa misma conversación también recuerda y lamenta la destrucción de casetas telefónicas, vandalizadas en un sexenio anterior, hecho que le causó coraje y tristeza: «¿Qué significado podía tener esta inútil y terrible destrucción de la propiedad pública?»
Esta reflexión es valiosa porque se asemeja mucho a lo que nosotros entendemos por civismo: el equilibrio necesario entre los derechos que gozamos ―y que tienen que ser exigibles―, y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Cuando existe este balance, se logra un beneficio para la comunidad donde habitamos, la sociedad en general, el medio ambiente, incluso en las relaciones humanas básicas como en la familia, en el entorno laboral o en la escuela.
Nuestros derechos como ciudadanos
Entre muchas de mis responsabilidades en la dirección del Centro Cívitas, me toca organizar visitas a planteles educativos para platicar con los alumnos sobre estos temas. Algo que suele ser evidente es que los niños y niñas tienen muy claros ciertos derechos: a la educación, al agua, a un medio ambiente sano. El tema del esparcimiento o el de la movilidad quizá no son tan claros, pero al menos hay nociones sobre sus derechos básicos.
Con los adultos sucede algo similar. Quizá la mayoría de los mexicanos no podamos citar los artículos constitucionales específicos, pero sí sabemos que gozamos de derechos que el Estado debe garantizar. Lo que quizá desconocemos es la forma en que estos derechos pueden ser exigibles.
Por otro lado, no está de más recordar esa famosa frase de aquella película protagonizada por el Hombre Araña: «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Como ciudadanos, tenemos derechos que podemos exigir, e igualmente debemos cumplir con nuestras obligaciones cívicas, sin excepciones, algo que comúnmente sólo esperamos de los servidores públicos. Como integrantes de una sociedad, todos, ciudadanos, empresarios y gobierno, tenemos diferentes responsabilidades que nos corresponde asumir. En el caso del uso de los camiones urbanos, por ejemplo, la movilidad es un derecho que debe garantizarse, mientras que la principal obligación que tenemos los usuarios es pagar la tarifa y no vandalizar ni ensuciar la unidad.
Un tema importante es el de los «derechos de papel»: esos que los gobiernos vuelven inalcanzables de tantos adornos que les añaden. En vez de encargarse de garantizar lo mínimo indispensable, se habla del derecho a una movilidad «digna», «asequible», «inclusiva», «sostenible». En el México real, esto se vuelve un derecho imposible de materializar, donde ni siquiera es posible cumplir con el mínimo indispensable, como se aprecia en Nuevo León y otras entidades del país. Entonces pareciera que estas situaciones no tienen remedio y los ciudadanos las normalizan. Por otro lado, existe la posibilidad de emprender una cruzada legal para hacer valer nuestros derechos. El problema para la mayoría de la población, como bien sabemos, es la vorágine que representa el estilo de vida actual, donde la rutina diaria de levantarse, trabajar y volver a casa obliga a realizar cada vez más esfuerzos y sacrificios. Mientras tanto, dejar de dedicar tiempo para el descanso, la recreación o la familia hace que sea muy difícil el involucrarse y exigir soluciones a las problemáticas más apremiantes.
La importancia de la educación cívica
Una de las razones de la fundación del Centro Cívitas fue precisamente el alto índice de analfabetismo cívico que existe en Nuevo León. Los datos muestran que la gente participa poco y se organiza aún menos, lo que contribuye a conflictos vecinales y una descomposición social grave, como lo ilustra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un estudio que proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en la población de 18 años y más en zonas urbanas de México. Algunas personas participan activamente y hacen valer sus derechos, pero la mayoría cae en la apatía y la pasividad, lo cual termina por generar conductas anticívicas, además de fortalecer la cultura de la ilegalidad que está tan presente en nuestra sociedad actual.
En el Centro Cívitas se busca volver a lo básico en cuanto a la enseñanza del civismo, y sobre todo del civismo práctico. Es una tarea prioritaria, ya que la exclusión de materias como el civismo y la ética de las aulas ha contribuido a la descomposición social; hoy resulta evidente cómo se ha normalizado el tener más a costa de lo que sea, afectando a otras personas, a su patrimonio, el medio ambiente, los espacios públicos y la economía3. Por eso asumimos esta responsabilidad y buscamos formas para contribuir a la enseñanza de estos valores cívicos.
Como ciudadanos, a menudo no nos involucramos en situaciones que ocurren en nuestro vecindario o colonia porque, de manera errónea, creemos que no nos conciernen. Sin embargo, estas situaciones sí nos afectan, por eso es importante una educación que fomente los valores cívicos, el compromiso, la búsqueda del bien común y la ayuda a la comunidad, así como el respeto a las normas mínimas de convivencia.
Esta concepción de equilibrio entre derechos y obligaciones tiene el potencial de generar cambios significativos. Hoy es un tema urgente, pues los conflictos que afectan a toda la sociedad son cada vez más evidentes. Por ello es fundamental que las personas identifiquen con claridad quién tiene la responsabilidad y a quién deben dirigirse para resolver estos problemas. En lugar de ir a reclamarle a la Presidenta de la República, debemos saber cómo dirigirnos con el presidente municipal de nuestra ciudad, por ejemplo, pues es a quien le corresponde dar solución a cuestiones básicas como el mantenimiento a las calles y avenidas, la conservación de los parques en buen estado, y la seguridad pública, entre otras cuestiones ya mencionadas.
El activismo y la protesta social
En Nuevo León, y en particular en su capital, Monterrey, tradicionalmente se ha visto con malos ojos a la gente que se manifiesta para exigir sus derechos. A pesar de que el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución, a quien sale a marchar o a bloquear una calle se le tacha de revoltoso, de holgazán, de comunista, y otros calificativos, como si todo en la vida fuera trabajar de sol a sol y las personas no tuvieran al menos ciertos derechos elementales. Esta idiosincrasia le ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, y se han permitido muchos abusos y retrocesos. A un gobierno que no cumple cabalmente con sus funciones, obviamente, le conviene esta visión; de hecho, hasta se han dado casos en donde se incita a la violencia en las marchas para desacreditar a quienes se manifiestan de forma pacífica.
Podríamos afirmar que esta cultura de sólo «ponerse a jalar», o «portarse bien», dejando de lado la exigencia de nuestros derechos básicos, también ha contribuido a la descomposición social al generar una ciudadanía pasiva, que en muchos casos se resigna y se vuelve cada vez más apática. Mientras tanto, los problemas originados por la falta de civismo se multiplican y se agravan. Es posible ver, por ejemplo, a usuarios del transporte público que se burlan, insultan y hasta agreden a quienes protestan por los aumentos en las tarifas del mismo camión donde viajan.
Claro que tenemos que confiar en las instituciones y esperar que los servidores públicos atiendan los reclamos y lleven a cabo las funciones que les hemos encomendado al votar por ellos. Sin embargo, cuando no lo hacen, también tenemos el derecho a exigir de forma pacífica pero enérgica que cumplan con su deber. Esto también es parte de lo que entendemos por civismo.
El equilibrio fundamental entre derechos y obligaciones como ciudadanos
El camino a una mejor sociedad comienza con el conocimiento de nuestros derechos: qué es lo que nos deben garantizar y cómo podemos exigirlo. Saber que hay canales institucionales adecuados, formas y tiempos en que nos deben de atender. Si las autoridades no lo hacen, entonces podemos pasar a otro tipo de reclamo; hay diferentes maneras de hacerlo ―todas ellas institucionales―, incluyendo la protesta. Por otro lado, hay que tener claras nuestras obligaciones, y procurar cumplirlas siempre, además de participar de manera activa en la vida de la comunidad. La relación con quien debe garantizar nuestros derechos a veces puede ser tensa, más cuando las problemáticas son recurrentes y la autoridad tarda en resolverlas, porque la interacción aumenta y surgen más fricciones, como cuando en una familia se agota el dinero y no alcanza para la comida. Por eso siempre deben agotarse los canales institucionales y buscar por todas las vías pacíficas que se nos resuelva, así como hacemos en el núcleo familiar: cuando hay un problema, buscamos la solución entre todos y de forma pacífica.
Aquí resulta pertinente citar una encuesta que el INE publicó en el 2020, llamada Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI)4. La abundante y valiosa información contenida en el documento permite hacer las siguientes reflexiones. La primera a partir de una gráfica sobre la confianza en las instituciones, donde las que aparecen en los primeros puestos de confianza de los mexicanos son aquellas no democráticas, como las universidades, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El INE también tiene una alta confianza como institución representativa (aunque la forma en que se nombran a las personas consejeras del INE ha sido partidista durante muchos años). A mitad de la tabla están los grupos vecinales y las organizaciones sociales. Al final de la lista se encuentran la Policía, senadores y diputados ―tanto locales como federales―, y los partidos políticos, siendo estos últimos los menos confiables según la percepción de la población. O sea, aquellos que son los más cercanos a la ciudadanía, aquellos que supuestamente nos representan, resultan ser los menos confiables de acuerdo con este estudio.
La segunda reflexión es en torno a la participación. En la encuesta hay una pregunta sobre la frecuencia y razones por las que se reúne la gente en su colonia. Los primeros dos lugares son para eventos religiosos o para organizar fiestas. En tercer lugar, aparece «Para solucionar problemas relacionados con los servicios públicos», apenas con un 6.8% de la población mayor de 15 años. También se puede ver cómo el 70% de los encuestados expresó que es poco o nada frecuente que la gente de la colonia se reúna para exigir a las autoridades el cumplimiento de servicios públicos adecuados. A menudo los vecinos se reúnen únicamente cuando sucede un hecho catastrófico, como cuando una persona enferma no se atiende hasta que presenta síntomas graves y, a menudo, ya es demasiado tarde.
Si se observa el panorama más amplio, el contexto nacional, es evidente que la gente que participa es la que dispone de más tiempo o recursos para hacerlo, mientras que quienes menos se involucran son los más vulnerables, los que menos recursos tienen, y que también son los más afectados por la falta de atención de las instituciones públicas.
Esta es otra forma en que se manifiesta la desigualdad en México. Por ello, es fundamental enseñar el civismo práctico y distribuir información importante para los ciudadanos. Es fundamental que todas las comunidades sean activas y colaborativas en la resolución de los problemas sociales, más allá de cuestiones socioeconómicas.
Algo que podemos concluir a partir de las citadas encuestas del INE e INEGI, es que numerosos problemas a nivel municipal, como los conflictos entre vecinos, se originan y se agravan por la poca participación ciudadana y la desconfianza generalizada entre vecinos y autoridades. Estos son los elementos que contribuyen a la descomposición social. Por lo tanto, es imprescindible buscar formas de participación y colaboración.
Otro punto que es importante mencionar aquí ―y que también se abordó en el libro publicado en el 2024 Una historia de esperanza en la participación ciudadana: La intervención en la Alameda de Monterrey―, es que no siempre es necesario constituirse como una asociación civil para participar y exigir. En lugar de buscar la formación de entidades complejas y hacer grandes convocatorias, debemos centrarnos en organizar pequeños grupos comunitarios, con objetivos claros, medibles y alcanzables.
Si bien las encuestas indican que la participación de los ciudadanos para resolver problemas es muy baja, cuando sucede comienza a partir de una situación a las puertas de sus casas o en la calle donde viven. Es como cuando alguien siente un dolor tan fuerte, hasta que un día no espera más y decide ir al médico o al hospital. Dar ese primer paso es lo más difícil, pero una vez que dos o más personas se organizan, es más fácil avanzar. No hay que sentirse frustrado si las soluciones a los problemas de nuestra comunidad toman tiempo, ni hay que esperar que toda la comunidad se sume desde el inicio. De hecho, está comprobado que si las personas comienzan a percibir cambios pequeños, poco a poco se irán sumando más porque, finalmente, a todos nos gusta que haya avances y mejoras en nuestra comunidad.
Podemos destacar la importancia de abordar los problemas sociales desde una perspectiva comunitaria mediante la cooperación. La desigualdad contribuye a exacerbar los conflictos y la descomposición del tejido social, de ahí que sea crucial intervenir cuanto antes para evitar consecuencias irreversibles que ya se perciben en distintos ámbitos de nuestra sociedad.
Hemos explorado el civismo como el equilibrio fundamental entre nuestros derechos y obligaciones, y las diez acciones clave que abren esta página nos muestran cómo participar activamente en nuestra comunidad. Sin embargo, para que estas acciones sean verdaderamente efectivas, es esencial saber a quién dirigirnos. Como vimos, la frustración a menudo surge del desconocimiento de a quién corresponde resolver cada problema, ya sea un bache en la calle o la falta de agua.